El bastón lanza de Andrés Guacurarí dejó de ser solo una reliquia ceremonial. El atributo de mando de Misiones paso de ser solo una pieza de protocolo para la foto oficial, a la representación viva del mandato del prócer: la defensa irrestricta del territorio.
Hoy, esa carga histórica sale de las vitrinas y se convierte en una decisión política contundente. En un escenario nacional atravesado por el debate del DNU 70/2023 y la derogación de la Ley de Tierras, la orden del Poder Ejecutivo provincial de llevar la pelea a la Justicia Federal para proteger el suelo misionero es un punto de inflexión. No parece ser un gesto tribunero ni un chicana de la coyuntura; todo indica que afortunadamente es la activación de una doctrina de Estado frente al intento de mercantilizar lo que pertenece a los misioneros. Un acto de «geopolítica» pura y necesaria.
La soberanía
Llevar el reclamo a la Justicia es el ejercicio legítimo de la autonomía provincial frente a decisiones nacionales que atropellan la realidad local. Es la constatación de que la gestión pública implica administrar, pero también velar por los límites que nadie puede traspasar. Es además entender cual el valor estratégico de la frontera física e identitaria.
La discusión sobre la tierra en Misiones no admite ingenuidades ni recetas abstractas de mercado. La provincia ostenta una realidad geopolítica implacable: casi el 90% de sus fronteras limitan con otros países y se asienta estratégicamente sobre el Acuífero Guaraní, uno de los tesoros hídricos más codiciados del planeta.
En este mapa, regular la propiedad del suelo es una cuestión de soberanía y supervivencia. Mientras algunos sectores avalan una apertura ciega sin medir el costo patrimonial, Misiones fija una postura clara: la tierra de frontera y sus recursos naturales no son un bien de cambio común. Son un patrimonio inalienable.
Defender el territorio como Andresito
El liderazgo de Andresito no se construyó firmando expedientes desde un despacho, sino custodiando los límites de la patria chica. En el siglo XXI, gobernar un distrito estratégico exige esa misma firmeza, pero traducida en las herramientas del Estado de Derecho: decretos, recursos judiciales y firmeza institucional ante el fuero federal. Un principio que no se debe negociar.
La revalorización del legado de Guacurarí adquiere sentido cuando las convicciones se transforman en hechos concretos de gobierno. La custodia del suelo, del agua y de la identidad fronteriza no es causa de un partido político; es una política de Estado superior que debe convocar a todos los sectores.
Frente a modelos que pretenden rematar lo estratégico, la respuesta de la provincia marca un rumbo sin dobleces: hay activos que se gestionan con responsabilidad, se defienden con la ley y no se entregan bajo ninguna circunstancia.