La obsesión por el ajuste y la fobia al gasto social de LLA configura el mapa de prioridades que fractura a Misiones. El presupuesto de Milei que blinda la deuda y la inversión del 63% en Misiones.
«Dime en qué gastas y te diré qué te importa». Un presupuesto es, antes que nada, una confesión pública. Es la radiografía exacta de las prioridades de un gobierno y la respuesta concreta a la pregunta de para qué sirve la plata de los contribuyentes. Y es justamente esa confesión la que genera alergia en las bancadas de La Libertad Avanza.
En la discusión pública, la contabilidad nunca es neutral. Por eso, cuando el debate por la plata es urgente, un Presupuesto provincial que destina un 63% de los recursos a la inversión social, el contraste con los intereses del ajuste es evidente. Lo que salta por los aires no es una suma matemática, sino la careta ideológica de la oposición.
El entusiasmo libertario por tijeretear la gestión misionera no responde a un celo republicano por las cuentas claras, sino a un choque doctrinario feroz. Mientras desde la Casa Rosada la premisa explícita es blindar el pago de la deuda a costa de soltarle la mano a la sociedad, en Misiones casi dos de cada tres pesos se invierten de forma directa en la gente.
Ahí reside el verdadero nudo del conflicto: a la oposición no le desvela el cuánto, sino el a quiénes. Le molesta un Estado que llegue a los barrios, a las escuelas y a los hospitales. Para la mirada ultraliberal, todo gasto en bienestar social es sospechoso o prescindible.
En el plano nacional, el modelo impulsado por el Gobierno central ratifica el déficit cero como dogma irrenunciable y prioriza el cumplimiento de las obligaciones financieras sobre la inversión pública. Ese esquema incluye severos recortes en infraestructura —con la parálisis de obras viales y fondos de mantenimiento de rutas—, así como caídas reales en las partidas destinadas a las provincias, universidades y programas sanitarios. Se trata de un modelo enfocado en la reducción del volumen del Estado.
En el plano provincial, el proyecto elevado por el gobernador Hugo Passalacqua plantea una hoja de ruta con otro diseño: asigna un 63% de las partidas a la inversión social (salud, educación y desarrollo social) y un 14% al desarrollo económico y la obra pública provincial. El presupuesto declara la intención de volcar casi dos de cada tres pesos a la contención e inversión social directa.
Ahí reside el verdadero punto de inflexión. La discusión razonable sobre la administración pública no debería pasar por dinamitar la inversión social ni por liquidar el Estado como si fuera un kiosquito. La verdadera obligación ciudadana y legislativa es exigir un control implacable, auditar cada partida y fiscalizar con lupa que cada peso proyectado llegue sin intermediarios ni «peajes» a la gente.
Ahora bien, hay una frontera tajante que el análisis periodístico debe marcar: que un presupuesto sea conceptualmente correcto en el papel no garantiza en absoluto que el dinero sea bien gastado en la realidad. Una cosa es la proyección política estampada en una ley y otra muy distinta es la ejecución cotidiana de esos fondos. Destinar un porcentaje elevado a la salud o la educación de nada sirve si el recurso se diluye en la burocracia, en la ineficiencia o, peor aún, en desvíos de fondos y corrupción.
El Estado debe estar donde se lo necesita, pero con cuentas transparentes y controles reales. Todo lo demás es mera retórica política.
El Estado no se diseñó para funcionar como una planilla de ajuste automático ni para ser administrado con la lógica cortoplacista de un kiosquito. Su razón de ser es, precisamente, estar donde el mercado no llega. Y defender esa premisa no es una postura contable: es una declaración de principios.