Ataques violentos en redes contra periodistas locales revelan cómo legisladores de La Libertad Avanza convalidan la agresión a la libertad de expresión para disciplinar el debate público. Mas muestras del origen de las agresiones sistemáticas al programa de streaming HDP conducido por Eduardo Pérez y a todo el equipo periodístico.
Cuando los legisladores que deben velar por las garantías constitucionales celebran la agresión a un periodista, el mensaje para el resto de la sociedad es claro: opinar o informar sobre la realidad conlleva un linchamiento mediático avalado desde la cima del poder.
Lo que comenzó como una crónica periodística sobre la caída del consumo de carne en la Argentina mutó rápidamente en una radiografía del clima de hostigamiento que rodea al periodismo.
Tras la publicación de un informe en redes sociales por parte del periodista Marcelo Ameri, la maquinaria de agresión digital se puso en marcha con insultos personales e intentos de deslegitimación.
Sin embargo, el dato más alarmante no radica en el accionar del troll ciberactivista, sino en la firma invisible pero explícita del poder político: el respaldo institucional en forma de «likes».
Entre las interacciones que legitimaron los ataques e insultos dirigidos al comunicador, provenientes de perfiles de choque como el usuario «tomatito», quedaron registradas las huellas de altos representantes legislativos: los diputados Adrián Núñez y Diego Hartfield, junto con la cuenta oficial de La Libertad Avanza Misiones.
La réplica provincial de la «doctrina Milei»
Este fenómeno no constituye un hecho aislado ni una coincidencia de la interacción en redes. Se inscribe directamente en la narrativa instaurada por el presidente Javier Milei, quien ha convertido la descalificación sistemática a la prensa en una herramienta central de su modelo político.
Desde el «ensobrados», «sicarios del micrófono» y «mercenarios», hasta la acusación recurrente de operar contra el gobierno, el discurso presidencial ha fijado la pauta de conducta para toda la estructura libertaria.
En la provincia, esta postura nacional se traduce en una práctica de disciplinamiento digital impulsada por la dirigencia libertaria. Hasta el extremo de llegar a la «convalidación por interacción».
En la dinámica de las redes sociales, un «like» de un funcionario público actúa como un aval moral e institucional. Valida la violencia verbal, transforma el acoso en mérito político y marca a la víctima como un objetivo legítimo para la comunidad de militantes digitales.
Guerra asimétrica de la comunicación
La utilización de cuentas inauténticas y «granjas de bots» financiadas o coordinadas para inflar interacciones de odio evidencia una estrategia orquestada. Frente a la difusión de datos objetivos, como las cifras del consumo de carne o la realidad socioeconómica, la respuesta oficial es la cancelación del emisor.
El «chilling effect» y el deterioro democrático
En la teoría del derecho a la información y la comunicación, este tipo de ataques concatenados busca generar un efecto amedrentador o de autocensura (chilling effect).
El aval de diputados nacionales a las agresiones digitales contra comunicadores locales evidencia cómo la lógica de la confrontación sin límites erosiona las instituciones republicanas. No se trata de un simple choque de opiniones en redes sociales; es la validación oficial del hostigamiento a la prensa como política de Estado.