«No me llevo bien con la posverdad ni con la manipulación del control fiscal», aseguro Fabiola Bianco para resumir la tirantez de la coyuntura política y el auge del formato de las redes sociales. La titular del Tribunal de Cuentas de Misiones rompió el silencio tras su exposición en la Cámara de Representantes. Reveló que en solo un año el organismo logró el recupero patrimonial de $95 millones por rendiciones observadas, detalló los alcances reales del control a las sociedades del Estado y cruzó los recortes sesgados de la oposición.
Fabiola Bianco se sienta frente al micrófono con la calma que dan 32 años en el servicio público, pero sin esquivar el barro de la discusión mediática. Tras la reciente defensa del presupuesto institucional en la Cámara de Representantes, la presidenta del Tribunal de Cuentas de Misiones no tardó en encontrarse con la trampa de la época: un recorte en video, editado y viralizado en redes por el diputado opositor Adrián Núñez, donde se sugería una supuesta falta de fiscalización hacia las empresas estatales.
La escena en la comisión legislativa había sido clara: Bianco le explicó la norma de manera pedagógica y le pidió expresamente que subiera la respuesta completa a sus redes. El compromiso existió, pero la edición posterior borró la explicación argumental para reemplazarla por un silencio conveniente.
La posverdad y el recorte sesgado en redes sociales
«Algunos, y me incluyo, no nos llevamos bien con la era de la posverdad», advierte Bianco al abordar el episodio. Para la funcionaria, lo ocurrido no responde a un mero desconocimiento técnico por parte del legislador, sino a una estrategia premeditada de la comunicación política contemporánea: «Esto que vemos es precisamente eso: la búsqueda de visualizaciones sobre la base de construir la narración de que el Estado misionero no tiene ningún tipo de control. El diputado hizo una pregunta legítima, se la respondí con la norma en la mano y luego recortó el fragmento. Faltó a la verdad y a su compromiso. Un legislador no puede estar al borde de la fake news manipulando contenidos», sentencio en el streaming HDP con el periodista Eduardo Pérez.
¿Cuál es, entonces, el límite normativo y la potestad real que la ley le otorga al Tribunal de Cuentas sobre las sociedades anónimas con participación estatal?
«Nuestra misión está fijada por la Constitución Provincial y por la Ley Orgánica; no me puedo salir de ahí. Ni el constituyente ni el legislador le dieron al Tribunal de Cuentas la facultad de exigir ‘rendición de cuentas’ a las empresas del Estado, porque estas se rigen por la Ley de Sociedades y cuentan con sus propios órganos de control interno y externo. Si un diputado pretende que rindan cuentas como la administración central o un municipio, lo que debe hacer es presentar un proyecto de ley para modificar la norma de sociedades en la Nación y nuestra ley orgánica en la provincia. No es tarea del Tribunal porque no está previsto».
Auditar versus rendir cuentas: «Al Estado no le da lo mismo»
Sin embargo, Bianco rechaza enfáticamente la idea de un cheque en blanco o de un vacío de fiscalización sobre las empresas públicas. Existe una frontera conceptual clave que la titular del organismo insiste en demarcar: la diferencia entre la rendición de cuentas formal y la auditoría.
«De manera institucional tomamos la decisión de realizar auditorías en las empresas del Estado. Elaboramos un plan de auditoría anual vencido el balance de cada ejercicio, elegimos qué aspectos revisar —como sueldos u obras— y formulamos observaciones que las empresas deben corregir al año siguiente. Pero la rendición de cuentas de los organismos públicos tradicionales tiene otro correlato: termina en un ‘cargo’ por el daño ocasionado al Estado».
«El cargo presupuestario busca que el Estado quede indemne. El funcionario que gasta mal o no justifica un importe tiene que reponer ese dinero actualizado de su propio bolsillo».
Ese «cargo» no es una abstracción burocrática. Toca de manera directa la billetera de los administradores públicos, marcando una dinámica donde la impericia o el descuido contable se pagan con bienes propios.
«Los cuentadantes —que en un municipio son el intendente, el tesorero y el contador— son solidariamente responsables con su patrimonio personal. Cuando desaprobamos una cuenta, dictamos una sentencia con el cargo correspondiente para que ese dinero vuelva a las arcas públicas. Si no lo abona en la instancia administrativa, el caso pasa a la Fiscalía de Estado, que inicia la ejecución fiscal».
¿Existen resultados concretos de esta exigencia patrimonial sobre intendentes y funcionarios? «Muchísimos casos», asegura Bianco. «Solamente en el último año recuperamos $95 millones de pesos por cargos aplicados a funcionarios provinciales y municipales que no rindieron adecuadamente sus comprobantes. Ese dinero se devuelve mes a mes a las arcas de origen. Por lo general no encontramos delitos de robo, sino inconsistencias contables o falta de actos administrativos que respalden una erogación. Pero si tuviéramos la sospecha de la comisión de un delito, tengo la obligación legal de hacer la denuncia penal de inmediato».
Transparencia presupuestaria y respaldo internacional
Durante el debate legislativo por el presupuesto del próximo ejercicio, los cuestionamientos opositores también apuntaron a la estructura de personal del órgano fiscalizador, sugiriendo un sobredimensionamiento en la plantilla de cargos.
Bianco le pone números precisos a la discusión y aclara la confusión semántica entre cargos vacantes y empleos reales: «El Tribunal tiene 359 empleados en ejercicio, que son los declarados formalmente en el Formulario 931 ante el organismo de recaudación. Los cargos previstos hasta llegar a 509 son una reserva legal presupuestaria, no generan erogación ni gasto alguno mientras permanezcan vacantes. El 93% de nuestro presupuesto se destina al pago de salarios porque el insumo principal de un tribunal fiscalizador es el recurso humano».
Más allá del debate doméstico, el organismo provincial acaba de atravesar un riguroso examen técnico que redefine su estatus institucional a nivel regional.
A través de una consultora internacional contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Tribunal de Cuentas fue sometido a una auditoría externa de cuatro meses.
Tras superar la evaluación, el organismo misionero quedó oficialmente calificado para auditar programas, obras e inversiones ejecutadas en la provincia con financiamiento de créditos internacionales del BID y del Banco Mundial.
Con esta acreditación, Misiones se posiciona como la tercera provincia de la Argentina —junto a Buenos Aires y Mendoza— en obtener este aval de idoneidad técnica para la fiscalización de fondos multinacionales. «Esto demuestra que lo que se hace en el Tribunal no es firmar papeles ‘de acuerdo a la carita’, sino un trabajo profesional auditado con estándares internacionales», remarca.
La defensa del control público en tiempos de motosierra
En un clima nacional marcado por el cuestionamiento a la estructura estatal y discursos que promueven la privatización o disolución de entes fiscalizadores, Bianco reafirma su posición ideológica respecto al rol del Estado.
«Hace 32 años soy servidora pública y lo digo con absoluto orgullo y responsabilidad. No podemos seguir dañando a la función pública ni arrojando un manto de sospecha sobre absolutamente todo lo que hace el Estado.
La discusión de fondo no es meramente técnica o presupuestaria, es ética y moral. Voy a ser una acérrima defensora del control público externo en manos del Estado. Quienes tomamos esta vocación con responsabilidad dejamos mucha vida personal de lado, pero lo hacemos con la firme convicción de garantizar que el recurso de los ciudadanos vuelva a la comunidad y que el Estado quede indemnizado».